Luego de meses de expectativa por lo que podría acontecer con las denuncias de crímenes de lesa humanidad en contra de la dictadura chavista de Nicolás Maduro, el fiscal Karim Khan (quien sustituyó a la fiscal Fatou Bensouda, muy cercana al régimen) informó el fin del examen preliminar y el inicio de una investigación ya formal a Venezuela. Y se lo dijo al indocumentado cara a cara.
Con esto, el actual fiscal aseguró que tal decisión busca «establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma». Al pasar a la fase de investigación, la CPI se apronta a investigar más a fondo las denuncias de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde las protestas antichavistas del 2017 las cuales se saldaron con una brutal represión, la denuncia de uso de tropas cubanas y la muerte de cerca de un centenar de personas en manos de los organismos de represión. La decisión del fiscal demuestra que la CPI no se ha creído la narrativa del fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, quien se ha encargado de maquillar los crímenes cometidos por el régimen que defiende. El fiscal írrito no sólo no pudo evitar abrir la investigación contra el aparato represor de Nicolás Maduro, sino que él mismo será parte de estas investigaciones por omisión y ocultamiento de pruebas.
En el documento firmado por el fiscal de la CPI, Karim Khan y el indocumentado, se señala la culminación «del examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma».
La dictadura, por su parte, indica no estar de acuerdo, nota que recoge el mismo documento. Allí se constata que el régimen socialista «considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin». El documento también expresa que Venezuela «interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación». El dictador Nicolás Maduro, no reconocido como presidente por a nivel mundial, asegura que «respeta» la decisión de Khan, pero «no la comparte»: «Después de esta evaluación y este debate, el fiscal (del TPI) ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos».
Se acordó que Venezuela «adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad», así como «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal» en Venezuela». Finalmente, acordaron «trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo».
Liliana Ortega, fundadora de COFAVIC, consideró el paso a la fase de investigación como un triunfo de los venezolanos. Señaló que «aquí se ratifica el criterio de la fiscalía (de la CPI) de que hay motivos razonables para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, son crímenes imprescriptibles y crímenes internacionales». Aclaró que una vez firmando el memorando de entendimiento el estado deberá «cooperar en esta fase de manera determinante». Señaló que durante este proceso, las partes involucradas contarán con garantías judiciales así como el debido proceso y tendrán oportunidad de interponer los recursos que consideren convenientes para su defensa. Algo que no ha sido posible en la «justicia» chavista.
Por otra parte Martha Tineo, defensora de los derechos humanos y cofundadora de la ONG «Justicia y Perdón», señaló que el paso a la fase de investigación se da cuando se comprobó que al régimen de Maduro no le interesa ni investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus cómplices.
Recordó que el examen preliminar se venía realizando desde 2018. La activación de la fase de investigación es el paso siguiente después de cumplirse las tres primeras fases: verificar los hechos, la competencia de la corte, según el Estatuto de Roma, y si estos hechos se configuran como uno de los delitos que puede juzgar la CPI.
La complicidad del aparato judicial venezolano y de los organismos de represión del régimen justifican por completo el proceso de investigación al que ahora se enfrentan los miembros de la dictadura. Es importante resaltar que la CPI no se centra tanto en el culpable material sino en la cadena de mando, desde Miraflores para abajo. Esto significa que pueden ser acusados de crímenes de lesa humanidad el dictador, sus ministros, militares de alto rango y cualquiera quien, teniendo conocimiento de los crímenes cometidos, permitiera que estos ocurrieran. Y se trata de crímenes que no prescriben y cuya sentencia condenatoria es de carácter mundial.
Tarek William Saab, el fiscal de la dictadura, parece no comprender la gravedad de lo que ahora enfrenta él mismo como responsable de garantizar la «justicia» en el país. En su lugar hace uso de la táctica comunista de declarar como una victoria lo que en realidad es una derrota. Para él, la apertura de la fase de investigación es un «victoria institucional», pues se hará con «cooperación» entre las partes. Olvida, por ejemplo, que la apertura de las investigaciones es una declaración abierta de que la Corte Penal Internacional, no le cree una palabra a lo que Saab o el indocumentado diga. Son, en definitiva, mentirosos que deberán defenderse a cómo de lugar de las montañas de acusaciones (la mayoría de ellas con pruebas fehacientes) que se les viene encima.
Ya no podrán ocultar las pruebas ni demostrar sólo lo que a ellos se les antoje. Tampoco les será fácil silenciar a las víctimas y a sus familiares quienes han demostrado estar resteados en la defensa de la verdad. No podrán desaparecer los informes previos levantados tanto por defensores de los derechos humanos en Venezuela como en el país.
Es conveniente aclarar que esta fase de investigación no es corta. Tomará su tiempo escuchar a las partes, comprobar las pruebas suministradas, determinar responsabilidades. Lo importante es que se trata de un proceso del que los culpables no podrán escapar y que no se cerrará hasta dictar las respectivas sentencias. El tiempo de negociar por parte de la dictadura y de sus acólitos finalizó en el momento en que se decide iniciar las investigaciones.
¿Cómo reaccionará el régimen? ¿En verdad cooperará (como siempre dice y nunca cumplen) en la búsqueda de la verdad? ¿Intentará granjearse «amistades convenientes» como fue el caso de la exfiscal Fatou Bensouda a la que se le acusa de atrasar la fase de investigación a solicitud del chavismo? ¿O simplemente patearán la mesa de la legalidad, se declarará la dictadura que es y bloqueará cualquier investigación incómoda en su contra?
Por el momento, muchos saboreamos como una victoria el anuncio del fiscal Khan. Es el paso que todos los venezolanos necesitábamos para comprender que aún podemos aspirar a tener justicia aunque esta no exista en una Venezuela prisionera de la dictadura.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
