Es un hecho que la vulneración de la libertad de prensa en América sigue acentuándose. De acuerdo al informe de la 77 Asamblea General de la SIP, en el último año se observó un retroceso en el ejercicio de este derecho en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que las ubica como las naciones con peores condiciones para los periodistas.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, indicó que México es el país más peligroso para la integridad física del comunicador social. Nueve periodistas han sido asesinados en la región desde abril de 2021, seis en México, uno en Colombia, uno en Brasil y uno en Haití.
Más de treinta periodistas tuvieron que exiliarse por falta de garantías desde Venezuela, Cuba y Nicaragua. Solo en el primer semestre de este año, en Venezuela se registraron 150 violaciones a la libertad de expresión. En el informe más reciente de la ONG “Un Mundo Sin Mordaza” se documentaron 29 incidencias como restricciones y detenciones arbitrarias, tanto a periodistas como a civiles.
Según la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en 2021, Venezuela ocupa el puesto 148 de los 180 países analizados, y es el segundo país de Latinoamérica con la posición más baja después de Honduras.
Jornet resalta que el crimen organizado es el principal responsable de los ataques a periodistas, seguido por grupos vinculados a distintos poderes. Sin embargo, lo que más preocupa es la impunidad, debido a que en la mayoría de los casos las autoridades no logran dar con los autores ni la justicia consigue condenarlos.
Aunque la violencia física es uno de los hechos que frena el trabajo de los periodistas, no es el único problema que enfrenta la prensa en Latinoamérica. Presidentes como Andrés Manuel López Obrador, de México; Jair Bolsonaro, de Brasil, y sectores del gobierno de Perú presentan a los medios como enemigos del pueblo. “Ese discurso fomenta la violencia contra los periodistas”, recalcó Jornet.
La periodista Isabella González, miembro de “Un Mundo Sin Mordaza”, indicó que en las precondiciones estudiadas hallaron que Venezuela cuenta con 14 normas, 35 reglamentos y 35 providencias administrativas que regulan de forma directa o indirecta el trabajo de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, las redes sociales y las páginas web. Aseguró: “Esto es contraproducente debido a que tener tantas normas permite que los castigos sean más directos y se den con mayor facilidad. Ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios”.
Dentro de estas normas se destaca la Ley Constitucional Contra el Odio, ya que establece restricciones que podrían impedir de forma rigurosa el ejercicio de la libertad de expresión y producir un fuerte efecto intimidatorio, lo que es incompatible con una sociedad democrática y una prensa libre.
El informe sobre Venezuela es categórico: “Los agravios a la libertad de expresión recrudecieron en este periodo”.
Un ejemplo de estos agravios fue la detención por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de los periodistas de NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, en horas de la tarde del 31 de marzo de 2021 en la población de La Victoria en el estado Apure, a donde llegaron para hacer la cobertura del conflicto armado que se produjo entre guerrilleros colombianos y las Fuerzas Armadas venezolanas.
En el lugar también detuvieron Juan Salazar y Diógenes Tirado, activistas de la ONG FundaRedes que acompañaban a los comunicadores. Después de mantenerlos incomunicados por 24 horas, los liberaron sin presentarlos a tribunales.
Las detenciones arbitrarias son constantes en el país, se registran violaciones a la libertad de expresión a diario, con represiones, censuras, amenazas, cierres y expropiaciones contra los medios de comunicación. El régimen hace todo lo que está a su alcance para controlar la información, pero el mundo sabe lo que sucede y no podrán silenciarlo.
Redacción: Sebastián Yáñez
