Desde hace mucho tiempo se ha acusado al chavismo de hacer de la violencia una política de estado. Tales acusaciones provienen de todas las fuentes creíbles: ONG defensoras de los Derechos Humanos, periodistas, Iglesia, familiares de los afectados, público general y hasta organizaciones internacionales de peso como la ONU, la OEA y otras.
Sin embargo, a la dictadura de Maduro esto no le importa, ensañándose de la manera más brutal contra la población civil quienes, sin ningún tipo de consideración, son reprimidos, torturados y asesinados por los organismos estatales del régimen. Un verdadero estado de terror cuya violencia, prostitución de la justicia y total desprecio por la vida humana, han llamado la atención de la CPI. Sobre todo desde que la exfiscal Fatou Bensouda, a la que se le señala de favorecer y ocultar las atrocidades del régimen chavista, entregó el cargo a Karim Khan, británico, de quien se espera tome las decisiones que Bensouda, traicionando su obligación ante la Corte Penal Internacional, nunca se atrevió a tomar.
Entre lo que Karim Khan deberá analizar para determinar la apertura formal de investigaciones por crímenes de Lesa Humanidad contra Maduro y sus servidores, se encuentra las ejecuciones extrajudiciales que se han convertido en norma, más que una excepción, en el modelo represivo estadal.
Según el informe de Provea y el Centro Gumilla denominado «Lupa por la Vida», el cual resumen lo recabado por este proyecto, en apenas 9 meses han sido realizadas 1.197 ejecuciones extrajudiciales de las cuales 372 corresponden al tercer trimestre de 2021. Algo insólito en un país que no está en guerra.
En los últimos 2 años, las FAES (Fuerza de Acciones Especiales), creada en 2016 y perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, ha expandido de tal manera su sistema de terror y muerte que llevó a que Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, solicitara su disolución. Algo que, como era de esperarse, la dictadura se negó a hacer.
En el documento resultado del trabajo investigativo de «Lupa por la Vida» se indica que «en informes anteriores observábamos que el Estado persistía en su patrón letal, pero maquillaba el mismo sustituyendo a la FAES por el Cicpc, esta tendencia se mantiene este trimestre. Llama la atención la alta participación de componentes de la FANB, presuntamente responsables de 40 casos, lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana». Destaca que el mes de julio fue el más letal del semestre, con 137 víctimas.
En este trabajo se hace referencia a lo acaecido en «La Cota 905» y «El Paraíso» en Caracas. Durante el mes de julio se lanzó un megaoperativo bautizado como «Gran Cacique Indio Guaicaipuro», que involucró a miles de integrantes de diferentes cuerpos policiales con el supuesto objetivo de reducir las bandas de la zona y atrapar al reconocido criminal identificado como «El Koki».
Sin embargo, a pesar de la victoria anunciada por el régimen, la verdad es que el criminal escapó del cerco policial así como sus lugartenientes. El conteo final de muertos llegó a 23 caídos. De esto, 15 no tenían ninguna relación con la delincuencia del sector y se sospecha que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En otro apartado del estudio, se indica que agosto finalizó con 120 ejecuciones, mientras que septiembre cerró con 115, señalando que «… Durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356». De estas muertes, 242 pudieron ser identificadas mientras que 130 no fueron identificadas al momento de redactarse el informe. Se desconoce las circunstancias relacionadas con estas muertes.
Del total de muertos identificados, 121 contaban entre 15 a 30 años. Las edades de 51 de las víctimas se ubicaban entre los 31 y los 50 años, mientras que 3 de los asesinados eran menores de 18 años. Entre el grupo se contabilizan 5 mujeres.
Las cifras señaladas parecen confirmar la existencia de un patrón en las ejecuciones extrajudiciales. En su mayoría, las víctimas son jóvenes de zonas pobres lo que apunta a un enfoque de discriminación y criminalización. El informe señala que «Se requiere una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables».
¿Atenderá el régimen chavista estas aseveraciones? No lo creemos. Sin embargo informes como estos servirán para sustentar las futuras acusaciones en contra de la más brutal dictadura que Venezuela haya conocido. Un periodo que, en el futuro, será analizado como la etapa más oscura en toda la vida republicana de la nación.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
