Tal parece que el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela y la esperada visita de la Corte Penal Internacional (CPI) al país, han hecho que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro tome medidas extremas para ocultar sus crímenes y aparentar un mínimo estado de derecho que no existe en Venezuela.
Como bien se sabe, en Venezuela existe una gran cantidad de presos políticos los cuales son utilizados por el chavismo para negociar en su beneficio en clara violación a los más básicos principios de derechos humanos. Para revertir esto, así sea a modo de maquillaje y sin relevancia real para el preso, se decidió cambiar el nombre de los más emblemáticos centros de tortura de Venezuela y modificarles la figura legal colocándolos a las órdenes del Ministerio Penitenciario. Un desesperado esfuerzo para ocultar todo el historial de tortura y violación de derechos humanos cometidos por el régimen chavista con la participación de funcionarios militares, policiales, jueces, defensores públicos, fiscales, médicos forenses y hasta con la complicidad de abogados privados.
Con un siniestro decreto firmado en mayo por el aún más siniestro indocumentado, se pretende borrar lo ocurrido en los centros de tortura del país en donde, además, fueron asesinados varios presos políticos. El 15 de octubre se retiraron los emblemas militares de la DGCIM Boleíta para hacer entrega de estas infames instalaciones al Ministerio Penitenciario. Para completar la farsa, a los presos políticos allí retenidos los obligaron a utilizar el uniforme de preso común, situación que se repitió en el Helicoide donde se encuentra Baudel hijo y Caguaripano. En el caso de El Helicoide, este centro de tortura pasó a llamarse Centro de Reclusión Región Capital de Máxima Seguridad mientras que el DGCIM quedó como Centro de Máxima Seguridad.
Las comedias bufas presentadas en el DGCIM Boleita y en el Helicoide, ambas en Caracas, se repitieron en diferentes centros de detención de presos políticos civiles y militares. No se escapó el Fuerte Tiuna y se extenderá incluso a la única cárcel militar que existe en Venezuela: la de Ramo Verde, en el estado Miranda. Según estos cambios, los presos políticos serán considerados presos comunes mientras que los guerrilleros mantendrán su estatus. Estos se encuentran detenidos en la DGCIM y en Ramo Verde.
El cambio también incluye la sustitución de personal. Pero no por profesionales capacitados en el área, sino por una versión aún peor de los que allí se encuentran. Según un funcionario de la propia DBCIM Boleíta, el enviado por el Ministerio Penitenciario para sustituir el coronel (GNB) Asdrúbal José Brito Hernández, quien era el director de Investigaciones, es «mal hablado, tal como hablan los pranes, no tiene ninguna formación. Veo estoy muy mal, porque varios de los funcionarios del Ministerio Penitenciario son expresidiarios»
Según el funcionario, el nuevo director indicó que «que en las próximas semanas ya no estaríamos aquí porque seríamos relevados por personal del Ministerio porque esto ahora es una cárcel de máxima seguridad porque las personas que están aquí son muy peligrosas». Además señaló que «… la ministra (del Servicio Penitenciario) Contreras, dijo en un discurso que a los presos aquí los tratarían de reinsertar a la sociedad. Varios de los militares detenidos la increparon diciéndole que ellos no eran violadores ni asesinos, que eran presos políticos. La respuesta que ella les dio fue: “Sí, sí, serán hombres nuevos”», lo que demuestra que ella no entiende a qué se referían los militares en su reclamo.
Sobre la Ministra del Servicio Penitenciario, la abogada Mirelys Zulay Contreras Moreno, hay que señalar que su designación al cargo no representó cambio alguno en el sistema, ya que mantiene intacta la estructura que levantó la exministra María Iris Varela Rangel y que le valiera fuertes críticas a nivel nacional e internacional por la violencia en estos centros, inmunidad a presos que sean de su agrado y violación continua de los derechos humanos de los detenidos.
En los centros de detención señalados por atentar contra los presos políticos fueron eliminadas las celdas de tortura, pintadas las paredes y remodeladas las edificaciones para aparentar una normalidad que contrasta con la violencia vivida allí por los detenidos. En más de una ocasión estos actos fueron denunciados por los familiares ante Bachelet, quien reconoció que el régimen chavista no aceptaba ni respetaba el estatus de preso político de los allí detenidos. Sin embargo, la tibieza de sus comentarios provocó la reacción de los dolientes quienes denunciaron la ausencia de acciones concretas por parte de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos con relación a los responsables de las torturas físicas y psicológicas que padecieron los presos políticos en las entrañas del SEBIN, de El Helicoide y de la DEGCIM, por nombrar sólo tres centros de torturas de la dictadura.
¿Bastará estos cambios cosméticos de la dictadura chavista para borrar los años de humillación, maltratos y daños físicos y mentales padecidos por los presos políticos? ¿Será que una nueva capa de pintura, la demolición de una sala de castigo o el cambio de nombre de un centro de detención que nunca debió existir bastará para olvidar el nombre de Rodolfo González Martínez, quien se convirtiera en 2014 en el primer preso político fallecido en prisión? ¿Harán olvidar a Fernando Albán, concejal muerto en 2018, al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto en 2019 o al reciente fallecido general Baduel? ¿Será suficiente para que los otros seis presos políticos muertos en mano de sus custodios del régimen queden en el olvido? Por el bien de una justicia que anhelan y merecen todos los venezolanos, esperamos que no.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
