Incondicional de Hugo Chávez, eterna diputada por el estado Táchira, ministra de Servicio Penitenciario, pero ¿quién es Iris Varela, la insufrible comandante Fosforito?
Iris Varela es actualmente la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) instalada por el régimen el pasado 5 de enero de 2021. Candidata por el PSUV, ganó la nominación como diputada por voto lista nacional en las polémicas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Antes de eso, ejercía como ministra del Servicio Penitenciario, ministerio creado por el fallecido Hugo Chávez, del que fue cercana colaboradora por muchos años. Reconocida como miembro fundadora del MBR-200, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y ganó la curul por el estado Táchira en la Asamblea Nacional durante tres periodos consecutivos.
¿Quién es Iris Varela?
María Iris Varela Rangel nació en San Cristóbal el 9 de marzo de 1967. Es abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira. Desde principios de los 90 realizó fuertes críticas contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y apoyó abiertamente la nefasta intentona golpista del 4 de febrero de 1992.
Fue el mismo Hugo Chávez quien le endilgó el apodo de “comandante Fosforito” por su carácter belicoso y explosivo. Se le conoce por tener una larga lista de agresiones físicas y verbales contra políticos y periodistas opositores como Alfredo Peña, César Pérez Vivas, Gustavo Azócar y Miguel Ángel Rodríguez; ha hecho acusaciones sin pruebas contra Henrique Capriles, pero es María Corina Machado el blanco favorito de sus improperios subidos de tono. Entre otros exabruptos, propuso quitarle la nacionalidad venezolana a los extranjeros que no apoyaran decididamente el proceso revolucionario.
En 2011, siete meses después de ser electa, nuevamente, diputada por el Táchira, Varela dejó su cargo para posesionarse del ministerio que Hugo Chávez creó para ella. “Servicio Penitenciario” fue la respuesta del régimen a la sangrienta crisis carcelaria que el Rodeo I puso en evidencia, además del hacinamiento, la insalubridad y la negligencia gubernamental para con la población penal. Varela solo contaba con alguna especialidad en Criminalística, pero se comprometió a dar solución a la calamidad en la que se encontraban los más de 35 mil reclusos de los centros penitenciarios del país.
Su política se basó en el desalojo penitenciario. Lo hizo en Lara, Zulia, Mérida y Táchira. El inconveniente es que los centros a donde llegaban los miles de reclusos movilizados ya padecían un grave hacinamiento, como es el caso de Tocorón, Tocuyito y la Penitenciaría General de Venezuela. Para implementar el control penitenciario, Varela presidió la ejecución del plan Cayapa de censo y revisión de detenidos que intentaba acelerar el proceso judicial de cada recluso. En 2013, por medio de este plan obtuvieron su libertad más de cuatro mil 500 presos.
A mediados de 2014 denunciaron a Iris Varela por nepotismo, debido a que nombró a su hermana, María del Carmen Varela Rangel, directora del ministerio de Servicio Penitenciario. También fue denunciada por tráfico de influencias y concierto para delinquir.
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional por Copei, Abelardo Díaz, interpuso una investigación en su contra ante la Comisión de Contraloría por el otorgamiento de, al menos, siete obras sin previa licitación a la empresa MM Ingeniería y Construcción, C.A., cuyo accionista es José Gregorio Maldonado Noguera, exesposo de la ministra.
En junio de 2017 Varela se separó del cargo de ministra del Servicio Penitenciario, para lanzarse como diputada a la Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones se realizaron en julio de 2017 y resultó ganadora.
Eses mismo año, el 26 de julio, Varela fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con penalizaciones de carácter económico e individual. Ese mismo día respondió a la sanción a través de su cuenta Twitter con una imagen en la que mostraba el dedo medio y posteó: “Esta es mi respuesta a los gringos, como les dijo Chávez, váyanse al carajo, yankees de mierda”.
El 4 de enero de 2018, Varela vuelve a ser nombrada ministra de Servicio Penitenciario, y el 30 de marzo de ese año fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser alguien de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.
Varela vuelve a ser noticia el 9 de julio de 2019 durante una entrevista con Insight Crime, en la que negó la acusación de Manuel Cristopher, ex jefe del Sebin, de haber solicitado 30.000 rifles al ministro de la Defensa, Padrino López, para armar su propio ejército con reclusos. En ese momento afirmó sin tapujos: “Lo que yo sí estoy clara es que, independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera. Si ellos nos amenazan con 5.000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad”.
Finalmente, su nombre figura entre los funcionarios relacionados con el gobierno de Maduro que fueron sancionados por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) el 3 de diciembre de 2019. Las medidas incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar al territorio de los países miembros del Tratado.
Redacción: Sebastián Yáñez
