La dictadura chavista de Nicolás Maduro está haciendo hasta lo imposible para evadir lo que se le viene encima con la amenaza de investigación por parte de la CPI. Ahora, ante la total evidencia de sus crímenes, el régimen buscan alterar las leyes para justificar lo hecho y para ello cuenta con la sumisa complicidad de una asamblea nacional írrita. Estos diputados (con «D» de delincuentes) están reformando 5 leyes con la intención de engañar a la comunidad internacional y a la propia Corte Penal Internacional.
El 15 de septiembre se aprobó la modificación del Código Orgánico de Justicia Militar, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico Penitenciario así como la Ley del Estatuto de Policía de Investigación y la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Y para ello contaron con la aprobación del 92% de sus secuaces en la asamblea rojita.
Si bien el chavismo insiste en las bondades de estas modificaciones (las mismas «bondades» que tienen a Venezuela en ruinas), lo cierto es que expertos en este campo, abogados y activistas dudan de la efectividad de unas leyes modificadas de manera exprés, sin el apoyo de profesionales o de los colegios relacionados, como el de abogados. Así mismo se critica el que no se hayan hecho consultas públicas tal y como lo establece la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo poder confiar en lo aprobado si fue hecho violando la Carta Magna de Venezuela?
Ante esto, la abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, señaló que no puede haber reforma legal si se viola la constitución. Según expresa ante lo aprobado por la AN chavista: «Es una ley que ya nace viciada porque no se respetó lo establecido en la carta magna, que establece un lapso para la consulta pública y porque la Asamblea Nacional que la aprueba en segunda discusión, no goza de legitimidad internacional».
Para la expresidenta Corte Suprema de Justicia de Venezuela en democracia, Cecilia Sosa, esto se trata de «… una farsa bien montada que va más allá de evaluar solamente que las normas son positivas en el contenido, pero en el trasfondo de las normas hay otro interés político, Maduro está jugando a lavarse la cara como violadores de DDHH». De hecho, considera que lo que el régimen intenta es retrasar el trabajo de la CPI para impartir justicia según el Estatuto de Roma.
Entre las leyes aprobadas, tenemos la que indica que «Ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar» (COPP Art. 517). El detalle es que esto ya está en la Constitución vigente. Por lo tanto, el teatro bufo para aprobar leyes que ya existen legalmente, es un intento de hacerle creer a la comunidad internacional de que el régimen está tomando en cuenta las críticas sobre las violaciones que ocurren en Venezuela y que están «modificando» el COPP en función a sus recomendaciones. De ser esto cierto, ya habrían liberado a la gran cantidad de civiles presos por órdenes de tribunales militares. El hecho de que sigan detenidos demuestra la hipocresía de estas reformas.
Otro elemento a ser tomando en cuentas es que el COPP actual no permite la detención de ciudadanos sin la respectiva orden judicial. Tal como indica Abraham Cantillo, abogado penal y coordinador de la Organización de DD. HH. Foro Penal de Venezuela el COPP «una persona no puede ser detenida sin una razón, sin que exista un delito flagrante o en su caso una orden de captura, o una investigación en su contra. Se debe reestructurar al saldo rojo de personas privadas en libertad, entre ellas presos políticos y comunes que han sido detenidos arbitrariamente».
Ahora bien, a una gran parte de las denuncias de las víctimas de la violación de sus derechos humanos es, precisamente, las detenciones que se realizan sin orden judicial, los tratos inhumanos que reciben y el juicio ilegal por parte de tribunales militares. Ante esto, Cantillo aclara: «Respecto al principio de la complementariedad, señala que si el Estado no investiga, le corresponde a la Corte (Penal Internacional) investigarlo. Pero no se trata de que a partir de ahora no va a haber detenciones arbitrarias en el país, es que ya las hubo y así como el Estado tiene derecho a defenderse, las víctimas también tienen derecho a demostrar que fueron detenidas arbitrariamente y también que fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos».
Según la abogada Martha Tino, el 97% de las ejecuciones extrajudiciales que ocurren en Venezuela no son investigadas por parte de la fiscalía chavista, ni hay intenciones de abrir un procedimiento penal contra funcionarios de seguridad del Estado, contra el ministro de Interior, Justicia y Paz, el Ministro de Defensa o representantes del alto Gobierno. Tomemos el ejemplo de Rufo Chacón, un adolescente venezolano al que dos policías le dispararon al rostro con su escopeta, sin motivo y sin justificación, destrozando sus ojos dejándolo ciego. Y todo, porque Rufo Chacón había salido junto con otros venezolanos a protestar la falta de gas doméstico el primero de julio de 2019. Este crimen fue ignorado hasta ahora que se decide utilizarlo para demostrar que en dictadura chavista si hay «justicia». Los culpables, Javier Useche y Henry Ramírez fueron condenados por el inhumano acto. El primero a 27 años y 9 meses de cárcel mientras que al segundo, lo condenaron a 21 años y 5 meses de prisión. Pero no se ha abierto una investigación a la cadena de mando que es la responsable directa de estos hechos. ¿Quién ordenó el violento ataque contra la población civil? ¿Quién autorizó el uso de arma de fuego y su porte en una manifestación pacífica?
Martha Tino señala que «No se trata de que el sistema de justicia legisle y juzgue únicamente a los actores materiales de crímenes de derechos humanos, el verdadero avance es que se juzgue en los crímenes a quienes están comprometidos en la cadena de mando, que son los máximos responsables de esos crímenes. Un caso importante a resaltar son todas las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el contexto de las manifestaciones políticas o en la Operación de Liberación al Pueblo, en procedimientos de las FAES en las comunidades o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado. Los pocos casos que están siendo juzgados es por el delito de homicidio intencional, pero si de verdad quieren ajustar la ley según lo establecido en el Estatuto de Roma, estos no son simples homicidios particulares, sino que hay una intención en estos asesinatos que tienen ordenados por la cadena de mando».
Como vemos, lo que el régimen está haciendo es un muy burdo maquillaje para ocultar su talante criminal. Lo que han hecho en contra de los venezolanos a lo largo de dos décadas no es algo que pueda barrerse bajo la alfombra. Y aunque la investigación de la CPI apunta a lo sucedido desde 2017 hasta la fecha, es más que suficiente para condenar a un sistema nacido para enriquecer a unos pocos destruyendo los derechos, la vida y el futuro de millones.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
