La desesperación de Maduro por apropiarse de todos los fondos de Venezuela en el mundo recibió un nuevo revés cuando la jueza María Teresa Vázquez de lo Mercantil número 9 de Madrid, rechazó la petición de medidas cautelares que habían sido solicitadas por los representantes de la dictadura.
Este nuevo episodio de la avaricia rojita comenzó cuando el gobierno interino del presidente (e) Juan Guaidó nombro a Enrique Castells como administrador único de la filial europea de la CVG, Corporación Venezolana de Guayana. La misma corporación cuyas instalaciones en el país, dicho sea de paso, han sido desmanteladas por el régimen de Nicolás para vender sus partes como chatarra. Esta filial europea cuenta con 25 millones de euros depositados en 3 entidades financieras españolas, monto que el chavismo pretende disponer para sus desmanes financieros que han empobrecido a Venezuela, país petrolero, a los niveles de Haití, la nación más pobre de América Latina.
Y es que la CVG no es cualquier entidad. A través de la Corporación Venezolana de Guayana es que se gestiona desde Venezuela el aluminio, acero y metales preciosos como el oro. Es por esto que muchos comparan su importancia con la de PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. De ahí la desesperación oficialista para recuperar su control y seguirla esquilando en beneficio propio.
El argumento de la dictadura chavista es que los representantes designados por el gobierno interino infringieron normas relacionadas con la convocatoria y celebración de la junta general de la sociedad. Aseguran que el representante de Juan Guaidó, Enrique Castells, no tiene legitimidad para convocarla y constituirla, por no poder actuar legalmente en representación del socio único. Comentario que provoca risa al provenir de un régimen ilegal de origen que no es reconocido por las principales naciones del mundo.
Para el régimen corrupto de Miraflores, «Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público. Existe el riesgo de que el señor Castells pueda dejar sin fondos a la filial europea de CVG, siendo de imposible recuperación». Acusación que raya en lo ridículo al recordar que es el chavismo, en todos sus niveles, quienes han robado al país mucho más que 25 millones de euros. Según panampost.com, el desfalco rojito contra Venezuela está por el orden de los 500 mil millones de dólares. Monto que, tal como lo indica la nota de este portal de noticias del 6 de junio de 2021, solo representa lo birlado en el sector petrolero y cambiario. No incluye «terrorismo, narcotráfico o extracción ilegal de oro».
Es más que seguro que Nicolás y sus secuaces intentarán apropiarse del dinero de los venezolanos para desviarlos a sus cuentas secretas en paraísos fiscales, por lo que acudirán a cualquier tipo de trampa. No en balde el régimen venezolano está considerado el quinto país más corrupto del mundo según el reporte anual de «Transparencia Internacional». Un logro más de la pútrida ideología de corrupción, crimen y muerte que es el legado del nefasto Chávez.
Por el momento, Venezuela cuenta con esos 25 millones de euros para un futuro plan de reconstrucción nacional una vez sea erradicado el cáncer del chavismo. Un futuro que, según los últimos acontecimientos ocurridos a nivel nacional e internacional relacionados con el régimen criminal de Miraflores, se acerca a grandes pasos.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
