Como ente no gubernamental dedicado a la lucha por los derechos a la salud y la vida de los venezolanos, Acción Solidaria dio a conocer su nuevo informe con datos recabados del monitoreo de 22 medios de comunicación y 27 organizaciones de la sociedad civil en 22 estados del país.
Dicho documento analizó un total de 1436 casos, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en los que se vulneró el derecho a la salud, llegando a la desafortunada conclusión de que son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas, ya que fueron directamente perjudicados en 477 de los casos registrados. Destaca, sobre todo, la correlación directa que existe cuando una mujer es afectada y como consecuencia un niño también lo es.
Según Acción Solidaria, las mujeres embarazadas son las que más sufren porque deben esperar horas en trabajo de parto para ser atendidas y algunas han dado a luz fuera de los centros de salud. Otras dificultades hacen imposible el seguimiento del embarazo por un especialista, lo que aumenta el riesgo de enfermedades congénitas en los bebés.
Por otra parte, la forma de determinar si el Estado cumple con la garantía del derecho a la salud, es tomar en cuenta factores como disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios. Por eso el informe refiere que las mujeres reportaron apenas 35% de disponibilidad de medicamentos, anticonceptivos e insumos médicos, lo que puede definirse como escasez; en cuanto a calidad se denunciaron salas de parto cerradas por falta de mantenimiento y equipos dañados; y solo un 25,4% de accesibilidad a productos de higiene menstrual, insumos y medicinas para el parto, debido a sus altos costos.
En cuanto a los centros de salud, el hospital J. M. de los Ríos encabeza la lista, con 43 registros de vulneración del derecho a la salud, seguido por el Hospital Universitario de Caracas con 17. Para entender la gravedad de la situación, solo en el J. M. de los Ríos se reportó la muerte de 12 niños en el servicio de Nefrología en el año monitoreado.
La pandemia de COVID-19 aparece en el informe como un agravante de la emergencia humanitaria del país y figura con 558 registros. El análisis arroja que la vulneración de estándares implica la falta de equipos de protección para el personal sanitario; un colapso en los hospitales centinelas donde el Estado pretendía atender a pacientes contagiados; y apenas un 12 % de asequibilidad, lo que implica que la gente debió acudir a centros de salud privados, aunque los costos fueran muy elevados.
Igualmente el informe de Acción Solidaria ubicó al personal de la salud en una posición de gran vulnerabilidad debido a su exposición al virus y la falta de equipos de protección personales.
Por último, Acción Solidaria concluye que el evidente colapso del sistema de salud a escala nacional propicia un patrón de violaciones del derecho a la salud y hace cada vez más complejo el acceso a una atención médica pública de calidad.
Redacción: Lis Parra
