Las sanciones de Estados Unidos fueron diseñadas y aplicadas inicialmente como medida de presión contra el entorno del régimen chavista, el cual estaba incurso en graves actos de corrupción. Sería con el tiempo que se agregarían a empresas, como PDVSA, en un intento para impedir que la cúpula en el gobierno se beneficiaran de operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitieran o facilitaran actividades criminales y la violación de los derechos humanos por parte el régimen.
Sin embargo, es de notar que la gran mayoría de ellas fueron impuestas a miembros de la cúpula chavista, algo que de ninguna manera afectaba el desarrollo del país, una de las mentiras más repetidas por el régimen. De hecho, la primera sanción fue impuesta en 2015, por lo que es falso que las sanciones son las culpables del desastre en el que se encuentra Venezuela, una agonía que comenzó mucho antes, prácticamente desde que Chávez llegara al poder. Podemos citar como ejemplo, que la grave escasez de leche y productos derivados comenzó en 2013, mientras que la escasez de gasolina dio inicio en 2014.
En la actualidad, el tema de los diálogos en México ha traído a colación estas sanciones las cuales el régimen quiere que sean levantadas de inmediato y que la oposición democrática, con apoyo de Estados Unidos, piensan en utilizar como elemento de negociación en un intento de lograr mejores condiciones para los venezolanos.
La primera sanción fue impuesta en 2015 durante el gobierno de Barak Obama. Este declaró a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de EE. UU.”, por lo que estableció sanciones a siete oficiales y altos funcionarios chavistas. Las sanciones establecían congelación de bienes y de cuentas bancarias en territorio norteamericano, así como prohibición de ingreso a territorio de los Estados Unidos o realizar negocio con ciudadanos de este país. Como vemos, estas sanciones no afectan en lo más mínimo el desarrollo de Venezuela.
En 2016, Maduro pidió al gobierno norteamericano que eliminara las sanciones a sus fichas en el régimen, algo que Obama desestimó al considerar que en Venezuela no habían mejorado la situación que llevó a ellas. Más aún, se denunció un incremento en la represión y persecución de la oposición democrática, la intensificación del cerco alrededor de los medios de comunicación y la multiplicación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales.
Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se implantó una política más contundente contra la dictadura chavista. En 2017 se sancionó a Tareck El Aissami quien actuaba como vicepresidente de Venezuela y a quien se le acusa de estar relacionado con el tráfico de drogas, específicamente de cocaína. Este mismo año fueron sancionados otros 13 funcionarios del gobierno. De nuevo vemos que ninguna de las sanciones impedía el desarrollo del país ni eran remotamente parecidas a un bloqueo.
En 2017 se realizó una farsa para elegir una Asamblea Nacional Constituyente como una manera de enfrentar y anular la Asamblea Nacional elegida en 2015 y ganada por la oposición. Ante este acto de evidente obstrucción legislativa y violatoria de la propia Constitución de la República de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones a ocho miembros de esta írrita Asamblea Nacional, entre los que se contaba a Adán Chávez, hermano del padre de la destrucción de Venezuela, Hugo Chávez. Será en este año cuando se realizan las primeras sanciones financieras con el objetivo de evitar que la dictadura chavista siguiera robando las arcas de la nación al desviar ingentes cantidades de dinero a cuentas rojitas en detrimento del desarrollo del país. Por esto se prohíbe la comercialización de cierto tipo de bonos venezolanos de PDVSA. Esto impidió al régimen solicitar créditos al sistema financiero de Estados Unidos o venderle activos. Esta sanción eliminaba la fuente de ingreso con la que se alimentaban las astronómicas fortunas de funcionarios chavistas, y que también eran utilizadas, presuntamente, para atentar contra la democracia de otras naciones de América Latina.
En 2018, ante el accionar de la dictadura, la Casa Blanca incrementó la presión sobre ella. De nuevo se apuntaron a los mandos militares los cuales fueron señalados de «corrupción y represión». Esto implicó congelación de bienes y prohibición de hacer negocios con norteamericanos. Y se sumaron 20 empresas a la lista de sancionadas.
Este fue un año turbulento para el país. Maduro fue «reelecto» en unas elecciones llenas de irregularidades que no fueron reconocidas a nivel internacional. El gobierno de los Estados Unidos decretó que ninguna empresa o ciudadano norteamericano podía comprar bonos o título de deuda de Venezuela, rematando en septiembre con sanciones contra Cilia Flores, esposa del dictador y tía de los jóvenes detenidos en Estados Unidos y condenados a 18 años de cárcel por intentar llevar 800 kilos de cocaína a territorio norteamericano. También se sancionó a Delcy Rodríguez, hermana de Jorge Rodríguez e hija del criminal y secuestrador Jorge Antonio Rodríguez y a Vladimir Padrino, la ficha militar del chavismo talibán.
En el caso de la industria petrolera, el gobierno de Trump realizó una astuta jugada. En 2019, Venezuela seguía vendiendo petróleo a los Estados Unidos. Sin embargo, los pagos fueron realizados a cuentas bloqueadas en un intento para impedir que lo obtenido por estas ventas desaparecieran entre cuentas chavistas lo que en la práctica era un congelamiento de cuentas. Este dinero estará a disposición del gobierno legítimo de Venezuela una vez sean realizadas las elecciones con todas las garantías democráticas necesarias.
Con la llegada de Biden al poder, algunos en el régimen consideraron que suavizaría las sanciones impuestas. Sin embargo, la actual administración de la Casa Blanca ha mantenido la mayoría de las sanciones, levantando sólo las que puedan garantizar el bienestar de los venezolanos. El resto de sanciones se encuentran activas y a la espera de los resultados del diálogo entre la oposición democrática y la dictadura chavista para irse suavizando a medida que el régimen usurpador vaya dando concesiones que beneficien a Venezuela, como sería la autorización para la entrada de ayuda humanitaria, compra de vacunas y elecciones libres, justas y democráticas bajo supervisión externa.
Como vemos, el mito de las sanciones como motivo de la debacle de Venezuela es una falacia promovida por el gobierno bajo la premisa comunista de repetir una mentira hasta que parezca verdad. La gran mayoría de estas sanciones afectan a individuos específicos, no a la población en general. Y las que atañen al país están diseñadas para evitar un daño mayor por parte del régimen como, por ejemplo, vender activos internacionales cuyos montos, todos saben, acabarán en cuentas de testaferros de afectos al régimen. Solo queda esperar por el resultado de unos diálogos difíciles y del que depende, literalmente, el futuro de millones de venezolanos.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
