Ecocidio en el Arco Minero
Muchas voces se han alzado en protesta, pero pocos parecen querer escuchar lo grave del daño ecológico que ocasiona la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Fue el 24 de febrero de 2016, cuando Nicolás Maduro decretó en Gaceta Oficial la explotación de esta zona, ubicada dentro de nuestro pulmón vegetal, cuyas vastas reservas de coltán, hierro, bauxita, diamantes y oro ayudarían a Venezuela, según el gobierno, a recuperarse de la debacle económica y las bajas en la producción petrolera.
Desde entonces, diversas organizaciones han denunciado el ecocidio que allí ocurre. El 31 de mayo del mismo año, denunciaron ante el TSJ la ilegalidad del decreto, sin que hasta la fecha, haya habido respuesta del organismo. La ONG SOS Orinoco presentó en 2018 el mapa de la huella minera, ubicando a Venezuela en el primer lugar de la lista de países amazónicos con el mayor número de minas ilegales. PROVEA, una ONG con décadas de trayectoria en el país, condenó el Arco Minero señalando que “es uno de los proyectos más depredadores de Venezuela”.
Otro informe indica que el Parque Nacional Canaima, patrimonio de la UNESCO, está sitiado por la minería ilegal al igual que otras zonas protegidas hogar de 27 diferentes comunidades indígenas. De igual manera se han presentado datos que indican que el 70% de las aguas del Río Caroní se encuentran contaminadas con altos niveles de mercurio debido a la minería de oro.
Este mes Guaidó y otros representantes de la oposición también alzaron su voz. Miguel Pizarro declaró que, en 2020, “la dictadura de Maduro ordenó que se realizara actividad minera en el curso de las aguas de los principales ríos del estado Bolívar, lo que se ha traducido en más destrucción, deforestación y ecocidio en esta zona”.
No conforme con el impacto ambiental, los problemas sociales y la violencia en la zona resultan realmente alarmantes. En un informe presentado por la ONU en 2020, se estima que al menos 146 personas han fallecido víctimas de la explotación laboral y de los altos niveles de violencia causados por los “sindicatos” o grupos criminales que controlan las minas. Las condiciones de vida son infrahumanas, los mineros trabajan al menos 12 horas al día, deben pagar una suerte de “vacuna” a las mafias que allí operan y no cuentan con servicios básicos tan elementales como agua potable, electricidad y servicios sanitarios, reza el informe.
Hoy nos preguntamos, ¿cuántas denuncias más serán necesarias para que este ecocidio llegue a su fin? ¿O terminará cuando ya no quede nada que explotar?
Lo más lamentable es que el daño ecológico está muy cerca de ser irreversible. Recuperar una selva puede tomar entre 150 y 200 años en condiciones ideales. No queda ninguna esperanza para nuestra Amazonía, que muere día a día por la deforestación y la contaminación propia de la explotación minera.
Las generaciones futuras nos juzgarán severamente por no haber hecho nada más para detener este Ecocidio.
Redacción: Enrique Hernández
