En Venezuela, aquellos que sobreviven a la violenta actuación de los verdaderos escuadrones de la muerte en que se han convertido los organismos de «seguridad» de la dictadura, acaban enfrentados al infierno que representan las cárceles del país, vertederos humanos del régimen.
Las cárceles de Venezuela han sido diseñadas por el chavismo para castigar, humillar, castrar mentalmente a los prisioneros y dejarlos morir lentamente de hambre o por enfermedades curables. Es decir, se han convertido en las cámaras de la muerte al peor estilo de los nazis donde la vida de quienes ingresan no valen nada ni para la dictadura ni para los encargados de velar por la seguridad de los detenidos, quienes se han convertido en sus torturadores.
Y esto no es una exageración. Según el artículo del 28 de julio publicado por elnacional.com, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que «que 63,01% de las muertes en las cárceles de Venezuela durante 2020 estuvieron relacionadas con condiciones de salud. Las cifras vienen tras registrar 184 decesos por diversas enfermedades, de un total de 292 fallecidos en centros penales». Estos números que hubieran escandalizado a cualquier nación democrática del mundo, representa nada más y nada menos que un incremento del 178,79% con respecto a los fallecidos en 2019, muertes que no pueden ser tomadas a la ligera.
De estas muertes, el 85% fueron ocasionadas por desnutrición y tuberculosis, siendo esta última una enfermedad prácticamente erradicada durante la democracia y que ahora parece ser la herramienta preferida de la dictadura para hacer cupo en las cárceles. El resto de los fallecimientos presentaron obstrucción intestinal, diabetes, hepatitis entre otras causas. Por si esto no fuera suficiente para ilustrar el grado de crueldad oficialista contra los privados de libertad, el mismo informe del OVP indica que los prisioneros presentaron pérdida de peso entre los 40 y 50 kilogramos. Incluso se indica que «… se constató que fueron pocos los presos que fueron trasladados a un centro de atención médica, alegando que no había una orden de un tribunal o transporte para tal fin».
Y esto no hace más que empeorar. A estas aterradoras cifras, producto del nulo interés del régimen chavista de Nicolás Maduro por darle un mínimo de dignidad a los presos venezolanos, se le suma el hacinamiento. En el artículo publicado el 28 de julio de 2021 por efectococuyo.com sobre este mismo tema, se indica que el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones «revela que la sobrepoblación carcelaria en riesgo crítico del país es de 173,83 %, ya que la capacidad real instalada es de 21.848 y la población reclusa actualmente es de 37.543 privados de libertad». Incluso destaca que «los hacinamientos tienen unos estándares y establecen que una cárcel está en riesgo crítico cuando supera el 40% de su capacidad instalada. En el país todos los centros se encuentran en estado crítico».
A todo eso se le suma la debacle de la pandemia, un mal que si bien ha afectado a otros países, es posible que en ningún otro haya golpeado a la población carcelaria de manera tan brutal como en Venezuela. Prueba de esto es que la dictadura no ha hecho balance sobre el desenvolvimiento del coronavirus en las cárceles. Una vez decretada la pandemia del COVID-19, fueron suspendidas las pocas visitas autorizadas a los centros penitenciarios y se prohibió el ingreso de alimentos o medicina para los privados de salud. Y como cereza del pastel, también fueron suspendidos todos los procesos judiciales, algo en extremo grave en un sistema judicial tan ineficiente que pierde tiempo en largos procesos y con un índice de retardo procesal difícil de explicar. Esto ha llevado a que solo el 37% de la población carcelaria cuenta con sentencia firme mientras que el 63% restante están a la espera de sus respectivos procesos.
Como vemos, entrar en una cárcel en Venezuela se ha convertido en una tragedia al filo de la muerte. O se muere por la violencia, o se muere de hambre, o se muere por enfermedades que habían desaparecido durante los gobiernos democráticos o se sufre una entierro en vida a menos que se cuente con el dinero o los contactos adecuados para salir en libertad, en poco tiempo, sin importar el delito cometido.
¿Hay oportunidad de que esto cambie? Como se ha dicho en otras ocasiones, es imposible que algo cambie si permanecen las condiciones que lo provocan. La ineficiencia innata del chavismo hace inútil cualquier cambio positivo, como quedó demostrado por la incompetencia absoluta de la chavista Iris Valera a lo largo de los nueve años en los que tuvo a su cargo el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Su nefasto paso por este ministerio estuvo muy lejos de resultar ser algo positivo para los privados de libertad quienes vivieron de promesa en promesa, muriendo abandonados en las cárceles mientras la ministra se fotografiaba con peligroso pranes como Teófilo Rodríguez Cazorla, alias «el Conejo», dado de baja en 2016, Wilmer José Brizuela Vera, alías «Wilmito», asesinado en la Cárcel de Tocorón en 2017 o José Antonio Tovar Colina, alias «el Picure», abatido en 2016. Pero esta es una oscura historia que trataremos en otra ocasión.
Hoy en día, las probabilidades de supervivencia juegan en contra de los presos. Un sistema judicial inepto y corrupto, custodios convertidos en torturadores, uno más sádico que otro, el COVID-19 esparciéndose silenciosamente en las cárceles, enfermedades curables convertidas en mortales por la negativa de brindarle atención médica a los reclusos, hacinamiento, una dictadura a la que no le importa la vida de los presos y un largo etc., han convertido a las cárceles de Venezuela en algo más allá del infierno: en la aterradora antesala de la muerte.
Redacción: Luis Alfredo González Pico
