Temas que hablamos en este programa:
Expertos consideran que en Venezuela los partidos políticos están proscritos de facto. La detención de Freddy Guevara, sumada a las órdenes de captura en contra de Emilio Graterón, Luis Somaza, Gilber Caro y Hasler Iglesias, todos militantes del partido político Voluntad Popular (VP), deja en el aire la interrogante de si la tolda naranja está proscrita de facto. Para el director de la Encuestadora Delphos, Felix Seijas, de cierta forma este partido lo ha estado desde hace un tiempo. “Fue el primer partido contra el que se arremetió de manera importante”, recuerda. El analista político Ángel Álvarez agrega que en realidad todos los partidos están proscritos de facto. “En Venezuela ninguna organización está en libertad. Todos están en libertad condicional y existen hasta el día en que el gobierno decide suprimirlos”, dijo Álvarez agregando que, “sí, en este momento VP está proscrito de facto, pero lo estaba desde antes, desde hace mucho tiempo sus derechos electorales y políticos han sido negados así como a otros partidos”.
Crisis económica dispara la malnutrición y la indigencia en Venezuela. Una población malnutrida o en indigencia es lo que sobra en Venezuela, pues la crisis económica y la hiperinflación han disparado las cifras de familias que no tienen cómo cubrir sus necesidades más básicas ni gozar de calidad de vida, y que ha generado que casi un 80% de los venezolanos esté en pobreza extrema y un 92,6% en pobreza, según los datos de la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi), publicada en junio de 2020, la cual está avalada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB). Según datos ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entre 2018 y 2020 unos 7,8 millones de venezolanos presentaron desnutrición, de los cuales un 10,6% serían niños que presentaron retraso de crecimiento durante el 2020.
Primer semestre de 2021 cerró con 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Un total de 825 personas perdieron la vida en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre del año. Los datos corresponden al monitoreo de Lupa por la Vida, un proyecto de la organización no gubernamental Provea y el Centro Gumilla. Esa cifra representa una disminución de 48,6%, comparado con los números registrados durante el mismo período el año pasado, cuando se documentaron 1.611 asesinatos. “La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, señalaron.
